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ESTADO DE DERECHO

ESTADO DE DERECHO

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Cuando reyes, gobiernos, financieros, mercaderes y políticos, pretenden justificar lo injustificable, maniatar al pueblo, adormecer rebeldías, estrangular críticas, reprimir manifestaciones y coagular iniciativas ciudadanas, apelan al Estado de Derecho y se les llena la boca con llamadas a la misma ley que ellos conculcan con sus actuaciones y eluden con torticeras maniobras.

Se entiende por Estado de Derecho aquel que se rige por un sistema de leyes, encabezadas por la Constitución, que son aceptadas, compartidas y cumplidas por todos los ciudadanos del país, en el marco de un Estado social democrático, sustentado en la soberanía popular.

En un Estado de Derecho, cualquier poder debe estar limitado y controlado por leyes claras, estables, justas y protectoras, impidiendo que sean transgredidas, atenuadas o modificadas por coronas, escaños, cuentas corrientes o togas dulcificadas con ambiciones de poder.

Tal Estado exige autonomía en los órganos que lo forman, sin injerencias institucionales mutuas, ni usurpación de funciones, ni personalismos en la aplicación de las normas jurídicas que amparan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y sin desequilibrar la balanza de la justicia.

Los cimientos del Estado de Derecho son: la legalidad, la transparencia, el desarrollo sostenible y la paz, siendo la ley el marco de conducta al que están sometidos los poderes que son garantes de su cumplimiento, respondiendo al interés público, ejemplarizando la vida social con sus comportamientos y evitando toda discriminación social, ideológica o política.

¿ESTADO TORCIDO DE DERECHO? NO, GRACIAS

¿ESTADO TORCIDO DE DERECHO? NO, GRACIAS


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Un Estado de Derecho lo es cuando se rige por un sistema legal ordenado en torno a la Constitución, sometiendo todas las acciones a normas jurídicas. Por eso, no queremos un Estado de Derecho torcido, sino un Estado de Derecho recto donde impere la ley, domine la transparencia, mantenga su venda la justicia, se confirme la predictibilidad, haya condena para los malhechores, quede protegida la dignidad y se evite la discriminación.

Es decir, un Estado de Derecho donde la realeza, el Gobierno y los líderes sean públicamente responsables ante la ley, no haya normas añejas y oscuras, estén protegidos los derechos ciudadanos básicos y se garantice el acceso a la justicia, siendo ésta igual para todos los ciudadanos, e independiente.

Cuando los políticos pretenden justificar lo injustificable, maniatar al pueblo, adormecer rebeldías, estrangular críticas, reprimir manifestaciones y coagulas iniciativas ciudadanas, entonces apelan al Estado de Derecho y se les llena la boca con llamadas a la misma ley que ellos conculcan con sus actuaciones y esquivan con maniobras de prestidigitación política, apoyados por sus afines.

Pero todos ellos deben saber que no hay Estado de Derecho en un país donde la justicia juega al escondite, dejándose ver ante ladrones de gallinas y ocultándose cuando pasan ante ella infantas, banqueros, políticos y millonetis.

No hay Estado de Derecho en un país que predica en tribunas y tribunales una justicia igualitaria para todos los ciudadanos, y practica en las instrucciones judiciales y banquillos de acusados, actitudes contrarias a sus sermones.

No hay Estado de Derecho en un país con fiscalías sometidas al poder político, que nombra al Fiscal General y designa el consejo que gobierna las togas, impone sanciones a los jueces y dicta mandatos.

No hay Estado de Derecho en un país donde sus ciudadanos no comprenden algunas sentencias judiciales que provocan escándalo público y originan bloqueos indignados en las redes de comunicación social

No hay Estado de Derecho en un país con leyes rechazadas por ciudadanos y juristas, como la que facilita injustos desahucios o la del indulto discrecional del Gobierno sin motivar ni justificar las razones del favor otorgado.

No hay Estado de Derecho en un país donde millonarias iniciativas ciudadanas rebotan contra las antidemocráticas paredes del Congreso, apelando a una cuatreña jornada electoral que autoriza usurpar la voluntad popular.