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RESULTADOS ELECTORALES

RESULTADOS ELECTORALES

A pocos meses de la catarata electoral que se avecina, es buen momento para comenzar las reflexiones sobre distintos aspectos que configuran los procesos electorales, como son las leyes que los rigen en nuestro país, las candidaturas partidistas, la campaña electoral, los resultados y las consecuencias, comenzando por una primera petición inalcanzable, cabeza visible de las que vendrán después, tan quiméricas como necesarias, que no recibirán luz verde parlamentaria.

Conviene poner atención al analizar los resultados electorales o consultas de opinión ciudadana, cuando los datos finales de la votación o las respuestas a preguntas se expresan en porcentajes, porque esto puede dar lugar a equívocos si faltan los datos numéricos de participación en el proceso.

Afirmar que la inmensa mayoría de participantes, representada por el 66,6 %, está de acuerdo o en desacuerdo con algo, dice poco a favor de esa votación, ya que puede tratarse de una muestra formada por un censo de tres personas, en la que dos opinaron una cosa y la tercera la contraria, invalidándose el resultado por razones obvias.

Situaciones como la anteriormente caricaturizada y otras similares, obligaría en todas las votaciones a fijar un porcentaje mínimo de participantes censados en la misma para validar una consulta, con objeto de evitar que una minoría de ciudadanos decida por la todos los vecinos, aunque esa condición tenga pocos visos de hacerse realidad.

En ocasiones, la situación es aceptable, aunque no esté fijado un porcentaje mínimo de participación, como está sucediendo en las elecciones generales celebradas en España, con un porcentaje de participación en torno al 70 % del censo. De hecho, en las elecciones de 2011 fue del 68,94 %; en 2015, el 73,2 %; y en 2016, participaron 24.161.083 representando el 69,84 % del censo electoral.

Pero no siempre sucede esto. Así, por ejemplo, en la aprobación del Estatuto Catalán se proclamó que fue aceptado por la mayoría absoluta de catalanes con el 73,24 % de los votos, sin dejar claro que se abstuvo de votar la mayoría absoluta de la población, pues de un censo de 5.310.103 catalanes, solo participaron en la votación 2.594.167, minoría absoluta representativa del 48 % del censo, es decir, que todos los ciudadanos catalanes tuvieron que aceptar el Estatuto aprobado por una minoría de ellos.

Algo parecido ocurrió en la consulta promovida por los dirigentes de la organización política Podemos para decidir si sus dos principales líderes debían seguir en sus puestos orgánicos o abandonarlos. En la página Web de la organización se aportaron entonces los siguientes resultados: “Sí: 128.300 votos (68,42 %); No: 59.224 (31,58 %); con 652 votos en blanco, sobre un total de 188.176 votantes”. Esa es toda la información que aportaron, pero convendría que hubieran dicho también que los inscritos eran 487.772, es decir, que solo votaron el 38,6 % del “censo” ocultando su opinión 299.596 inscritos (el 61,4 %) por razones que van desde el desinterés por el tema planteado hasta lo que cada cual pueda imaginar sobre la continuidad de Irene y Pablo. Si sumamos los inscritos silenciosos a quienes votaron “No” o “en blanco”, nos resulta que apostaron por la continuidad de la pareja 128.300 inscritos, representativos del 26,3 % de ellos, expresando su disconformidad o expresivo silencio 359.472 personas representantes del 73,7 % de los inscritos. Recordemos que en los Anexos I y II de los Estatutos de Podemos se establecen distintos porcentajes mínimos de participación según las particularidades de la votación: 0,2 %, 1 %, 3 %, 10 %, 20 %, 25 %, 30 %.

Estos dos últimos ejemplos son una muestra de los muchos que podríamos recoger, aunque no invaliden las reglas democráticas, pero tal vez convendría fijar un porcentaje mínimo de votantes para validar una consulta, sobre todo si esta tiene singular importancia para los ciudadanos a quienes va a afectar la decisión tomada, siendo conscientes del riesgo que propuesta representa.

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Régimen Electoral General vigente desde el 17 de enero del presente año, contemplan un porcentaje mínimo de participantes en los procesos electorales. Tampoco la Comisión de Venecia en su Código de Buenas Prácticas establece ese porcentaje mínimo de participación y aprobación, lo que permite concluir que en España todas las elecciones son válidas, sea cual fuere el número de ciudadanos que participen en la votación.

La reflexión sobre las listas cerradas elaboradas por los partidos políticos para su propio uso, merecen enciclopedia aparte, en la partitocracia que tenemos.

CON MI VOTO, NO

CON MI VOTO, NO

voto blanco

En este día de reflexión, previo a las elecciones que se celebrarán mañana al Parlamento Europeo, voy a reflexionar en voz alta expresando a los amigos de este blog el sentimiento que me embarga, ante la negrura que nos rodea, sin más redención que el borrón y cuenta nueva, aunque nada sepamos de las nuevas cuentas que nos esperan.

Nadie duda que las elecciones serán un éxito rotundo para los partidos políticos porque así lo deciden ellos, como beneficiarios de los resultados electorales, aunque introduzcan su papeleta en las urnas media docena de ciudadanos, porque en sus análisis reflejarán el porcentaje de votos obtenidos, en función de los emitidos, como sucedió, por ejemplo, en las últimas elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, que aparentemente ganó el PP con 10.866.566 de votos, cuando la abstención y el voto en blanco obtuvieron la victoria con 11.446.511 papeletas, sin esto haya sido tenido debidamente en cuenta por los partidos políticos.

Es opinión generalizada que se está produciendo en la sociedad una degradación moral de grueso calibre, donde los políticos mienten con vergonzante descaro, los banqueros especulan con la miseria ajena, la impunidad de los estafadores humilla la justicia, el desprecio a los desfavorecidos se salva con golpes de pecho, la prepotencia de los imputados impulsa la ira del pueblo, los corruptos y corruptores se mantienen en sus puestos y los defraudadores son vitoreados a las puertas de los juzgados.

En un Estado democrático, esta degeneración solo puede combatirse en los juzgados y  negando el voto a quienes la han provocado con sus actuaciones, silencios, omisiones y ambiciones. No puedo aceptar que todos los políticos sean corruptos, pero mantengo la convicción de que todos son cómplices de lo sucedido, unos por acción, otros por omisión y la mayoría por el silencio guardado ante las fechorías cometidas por otros, permaneciendo inmóviles a la espera de salir en la foto.

Dicho esto, que cada cual haga lo que dicte su conciencia y aconseje su entendimiento, sin atender las peticiones de los beneficiarios de su voto. Por mi parte, pasaré el día con Saramago, releyendo su ensayo sobre la lucidez, revisando la Ley D’Hont y meditando bien la opción que tomaré, antes de acercarme a la urna para depositar en ella mi voto.