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Etiqueta: Constitución

ESTADO DE DERECHO

ESTADO DE DERECHO

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Cuando reyes, gobiernos, financieros, mercaderes y políticos, pretenden justificar lo injustificable, maniatar al pueblo, adormecer rebeldías, estrangular críticas, reprimir manifestaciones y coagular iniciativas ciudadanas, apelan al Estado de Derecho y se les llena la boca con llamadas a la misma ley que ellos conculcan con sus actuaciones y eluden con torticeras maniobras.

Se entiende por Estado de Derecho aquel que se rige por un sistema de leyes, encabezadas por la Constitución, que son aceptadas, compartidas y cumplidas por todos los ciudadanos del país, en el marco de un Estado social democrático, sustentado en la soberanía popular.

En un Estado de Derecho, cualquier poder debe estar limitado y controlado por leyes claras, estables, justas y protectoras, impidiendo que sean transgredidas, atenuadas o modificadas por coronas, escaños, cuentas corrientes o togas dulcificadas con ambiciones de poder.

Tal Estado exige autonomía en los órganos que lo forman, sin injerencias institucionales mutuas, ni usurpación de funciones, ni personalismos en la aplicación de las normas jurídicas que amparan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y sin desequilibrar la balanza de la justicia.

Los cimientos del Estado de Derecho son: la legalidad, la transparencia, el desarrollo sostenible y la paz, siendo la ley el marco de conducta al que están sometidos los poderes que son garantes de su cumplimiento, respondiendo al interés público, ejemplarizando la vida social con sus comportamientos y evitando toda discriminación social, ideológica o política.

INVIOLABILIDAD E IRRESPONSABILIDAD MONÁRQUICA

INVIOLABILIDAD E IRRESPONSABILIDAD MONÁRQUICA

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Con motivo de la entrega ayer del Premio Cervantes a la entrañable Elena Poniatowska, un cortesano periodista sabelotodo pedía a los españoles que dajáramos en paz al rey y tuviéramos en cuenta que su persona era inviolable, sin responsabilidad alguna, pudiendo hacer de su vida lo que quisiera. Pues no, amigo.

El artículo 56.3 de nuestra Constitución, establece que: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, lo cual no quiere decir que el rey pueda hacer legalmente cuanto le plazca, – aunque lo haga sin apoyo de la ley -, sino todo lo contrario. Lo que eso significa es que no puede oponerse a decisiones políticas del Gobierno ni negarse a firmarlas, por ser trámite de obligado cumplimiento para él, algo que le otorga la inmunidad ya anunciada.

Dicho esto, la realidad no deja claro si la inviolabilidad del rey se extiende también a su ámbito personal, viendo el hermetismo sobre su vida privada y la de su familia, defendida por algunos medios de comunicación, cortesanos y monárquicos, que confunden vida privada con la inviolable vida íntima que a cada cual pertenece.

Así se justifica el blindaje político del rey, a quien no se puede perseguir criminalmente ni demandar civilmente por sus tareas institucionales, quedando fuera de este paraguas su persona física, su patrimonio y su familia, porque todos somos iguales ante la ley como proclama el artículo 14 de la Constitución y la propia voluntad real de que así sea, aunque no sea así.

La inviolabilidad e irresponsabilidad del rey alcanza solamente a sus funciones como Jefe de Estado, pero fuera de ahí es tan violable y responsable como lo somos el resto de los españoles, aunque mencionados políticos, cortesanos y periodistas no quieran enterarse de ello y dediquen su tiempo a proteger al monarca y su amplio séquito familiar.

Cuando una escalera de mano ha hecho su servicio, se guarda; y cuando se cae espontáneamente la costra de una herida cicatrizada, no puede hacerse nada para evitarlo. Admitamos, pues, que la monarquía ha hecho un gran servicio al país. Reconozcamos el poder moderador ejercido. Y aplaudamos su contribución a la unidad nacional. Pero es hora de superar medievales herencia y dar paso a la voz del pueblo para que elija su Jefe del Estado, ocupándonos de saber todo lo que nos falta por conocer de la vida privada del rey, de sus negocios, patrimonio y andanzas, respetando su vida íntima y pensando que más vale lo malo por conocer que lo bueno conocido.

PERPLEJIDAD

PERPLEJIDAD

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Las cosas que suceden en este país están dejando perplejos a muchos ciudadanos y sin capacidad de respuesta, inmovilizados por un asombro que aturde su ánimo, ante los detestables hechos que presencian atónitos frente a la pantalla de la vida.

Que algunas esposas de presuntos corruptos ignoren las andanzas de sus maridos es defendido por ciertos políticos y publicistas; pero que sean expulsados de la carrera judicial los magistrados que pretenden encerrarlos, es aplaudido por ellos.

Que el presidente catalán desprecie la Constitución y otras Instituciones no provoca una respuesta contundente del Gobierno; pero que los ciudadanos se manifiesten en defensa de sus derechos fundamentales requiere una ley mordaza por vía urgente.

Que el rey se hayan hecho multimillonario en poco tiempo contando con empresarios amigos íntimos que han dormido en chirona, no inquieta al personal; pero que algunos ciudadanos enarbolen banderas tricolores por la calle merece castigo.

Que politiqueros, sindicalistos, cajistas y empreSSsarios estén en el punto de mira de la justicia no preocupa a políticos, sindicalistas, cajeros y empresarios; pero estos se rasgan las vestiduras ante las críticas que reciben los tramposos del gremio de cada cual.

Que las mentiras políticas de colores varios lanzadas desde las tribunas atonten a los ingenuos no está bien; pero que la amnesia les lleve de nuevo a las urnas con la papeleta en el bolsillo y la sordera en la Trompa de Eustaquio parece grave.

ANTE EL SOBRESEIMIENTO

ANTE EL SOBRESEIMIENTO

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El aniversario del nacimiento de Clara Campoamor, defensora de los derechos de la mujer y del sufragio femenino, el buen momento para silbar a la mujer que pretende doblar la vara de la justicia con supuestas mentiras, fingidos olvidos, desconocimientos legales y amores conyugales, como estrategia defensiva.

Preocupa la petición de sobreseimiento que los habitantes de la galaxia real están haciendo al juez Castro, sabiendo que si no lo hace él, será la Audiencia de Palma quien dé carpetazo al tema, exculpando a la infanta Cristina de toda responsabilidad, por declararse enamorada, ignorante y desmemoriada.

Esta solicitud de perdón y olvido de culpas, beneficiará a miles de cuatreros que serán indultados junto a ella, alegando que nada recuerdan de sus fechorías, ni saben de negocios, ni conocen las leyes, obligando a corregir el artículo 6.1 del Código Civil, en estos términos: “El amor cómplice, el olvido de los hechos que se recuerdan y la ignorancia de las leyes, excusarán de su cumplimiento”.

Este sustancial cambio legal admitirá que el desconocimiento de la normativa, el olvido y el enamoramiento serán obstáculos insalvables para el cumplimiento de las leyes, eximiendo de culpa a los infractores, es decir, a los incultos, amnésicos y encelados, que se escaparán de los barrotes por la gatera.

Sabemos que tal sobreseimiento no puede sentar jurisprudencia, pero el artículo 14 de nuestra Constitución garantiza que lo sucedido con la infanta de España igualará a todos los españoles ante la ley y seremos tratados legalmente de igual forma, garantizándose la impunidad para los mangantes que aleguen no saber lo que firman, estar muy enamorados, ignorar la “mecánica” mercantil o desconocer las leyes, mientras desvalijan impunemente las cajas públicas.

PROCESO EDUCATIVO DEMOCRÁTICO

PROCESO EDUCATIVO DEMOCRÁTICO

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El sociólogo político Wert, – eventualmente ministro de Educación – afirma que “la comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático”, es decir, ni la comunidad educativa es democrática ni pueden serlo los procesos educativos, algo que hace retemblar la democracia, tambalear la Constitución y resquebrajar los principios didácticos básicos.

¿Cómo puede decirse que la comunidad educativa no puede ser democrática, si es el fundamento principal de la misma, en una sociedad democrática? ¿Qué base argumental tiene para decir que el proceso educativo es antidemocrático, cuando debe ser todo lo contrario?

Don José Ignacio se contradice al hablar de “comunidad educativa” negando al tiempo que ésta sea democrática, pues forman dicha comunidad un conjunto de ciudadanos vinculados por intereses educativos comunes, en el marco de una sociedad democrática, lo que implica su inevitable democratización.

En cuanto a negar la cualidad democrática de los procesos educativos, parece claro que el señor Wert se quedó estancado en la escuela de los picapiedra, ignorando que la educación es un proceso interactivo que exige participación activa del alumno en el aprendizaje bajo la orientación del profesor, como estimulador de las estructuras mentales del alumno para que éste pueda construir aprendizajes significativos y edificar interiormente una cultura perdurable que le permita posterior crecimiento intelectual.

El sistema educativo establece el marco, los contribuyentes ponemos los centros escolares y recursos humano-materiales con nuestros impuestos, siendo las aulas “unidades básicas de producción educativa”, donde se encuentran cuerpo a cuerpo los dos elementos que harán posible el aprendizaje, con participación colegiada, colaboración mutua, interés compartido y gestión democrática del proceso, porque a martillazo limpio de conceptos elaborados, evaluaciones sancionadoras y reválidas selectivas, no es posible apuntalar aprendizajes duraderos en la mente de los aprendices.

El hecho de que los procesos cognitivos estén influidos por aspectos psicológicos, perceptivos, culturales y sociales, que afectan al aprendizaje, nos obliga a recordar que la mente del alumno no es un saco vacío en el que todo cabe como pensaba la pedagogía tradicional, basada en la clase magistral, expositiva e impositiva.

En los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula, se producen dos tipos de interacciones humanas que condicionan, sin reservas, las posibilidades de que los alumnos puedan construir significativamente los aprendizajes propuestos en los documentos de planificación curricular: las relaciones profesor-alumno y alumno-alumno, en el marco democrático que debe sustentarlas.

Hoy día,  la concepción de profesor dirigista y autocrático como único agente facilitador de los aprendizajes está desechada en todas las propuestas didácticas, por elementales que sean éstas y son capítulo abandonado en la actual apuesta metodológica.

No se trata de quitarle al profesor protagonismo en la tarea educativa, – algo que le pertenece por derecho propio, experiencia y conocimiento -, sino de abrir puertas al alumno para que éste participe democráticamente en el proceso educativo, realizándose la interacción profesor-alumno sin prejuicios ni reservas y considerando lo que el alumno aporte en la tarea, sin imperativo de que sus ideas sean admitidas necesariamente, pero sin desecharlas a priori, como propone el ministro.

El diálogo civilizado, la exigencia razonada, la tolerancia y la aceptación de opiniones diferentes a las propias, han de sobreponerse al poder omnímodo, la obstinación desmedida, la negativa sistemática y la defensa irracional de las propias posiciones, por acertadas que éstas sean, para evitar que la enseñanza desemboque en una vía muerta que no conduce más que a la esterilidad, el cansancio, la decepción, la frustración y el fracaso.

Imponer autoritariamente al alumno todos los elementos del currículo escolar desde la tarima, puede ser el preludio de inevitable descalabro. En la medida que los sujetos participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se sientan coautores del modelo, compartan la metodología, participen en la evaluación y se impliquen en los diseños, mayores serán las garantías de que la educación discurra por cauces adecuados y no se desborde anegando todas las expectativas.

HACIA LA TERCERA REPÚBLICA

HACIA LA TERCERA REPÚBLICA

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Hoy se cumple ochenta y dos años de la proclamación de la 2ª República Española, y es bueno recordar que fue Unamuno quien proclamó la República en Salamanca desde el balcón del Ayuntamiento, aquella lejana tarde del 14 de abril de 1931, antes de ser nombrado alcalde honorario a perpetuidad del concejo salmantino.

Advertimos, a quien no lo sepa, que la República trajo la modernidad social a España, impulsó económicamente el país y promovió la cultura por encima de otros países europeos, hasta el punto de alcanzar la literatura y el arte niveles que permitieron hablar de la segunda Edad de Oro de la cultura hispánica, con Picasso, Unamuno, Ortega, Madariaga, Lorca, Pidal, Machado y tantos otros intelectuales y artistas que engrandecieron la patria.

La República consagró el sufragio universal, liberó a las mujeres de cadenas seculares, estableció las Cortes unicamerales, instauró el Tribunal de Garantías Constitucionales, promovió los jurados populares, reforzó el referéndum, reorganizó territorialmente el Estado reduciendo el centralismo, incorporó el derecho al trabajo, la protección de la familia, de los ancianos, los enfermos y la infancia, formalizó el divorcio, estableció la absoluta laicidad y aconfesionalidad del Estado, suprimiendo los beneficios estatales de las distintas religiones.

Si ponemos el acento en la educación, baste decir que sólo en 1931 se crearon más de 7.000 nuevas escuelas en un país con atroces desigualdades sociales, cuyo analfabetismo rondaba el 38%. Y lo que es más importante para nuestros desahuciados, “preferenciados”, parados, hambrientos, explotados, empobrecidos y estafados ciudadanos: subordinó la propiedad privada a los intereses ciudadanos.

Todo esto, y más, fue la República, y no lo que en las escuelas contó el anterior régimen y repiten sus herederos, empeñados en asociar República con guerra, izquierda revolucionaria, vandalismo, desorden y barbarie, cuando se trata simplemente de una forma de organizar el Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos, eludiendo privilegios hereditarios propios de tribus infantiles y desvalidas, incapaces de moderarse porque la cultura les falta y les sobra inmadurez.

Anticipémonos, pues, al tiempo y evitemos que las generaciones futuras nos reprochen consentir que la máxima autoridad del Estado sea hereditaria, eterna, inviolable e irresponsable, como disponen los artículos 56 y 57 de nuestra Constitución, porque ya en 1931 la Constitución republicana establecía en sus artículos 71, 82 y 85 que el mandato del Jefe del Estado fuera por seis años solamente, que podría ser destituido si hacía lo que no debía y que era criminalmente responsable de sus obligaciones, anticipando que una ley de carácter constitucional determinaría el procedimiento a seguir para demandar la responsabilidad criminal del Presidente de la República.

¡VIVA LA PEPA!

¡VIVA LA PEPA!

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En plena Guerra de la Independencia, con la ciudad de Cádiz asediada por las tropas del emperador gabacho, bombardeada y sufriendo una epidemia de fiebre amarilla que diezmaba la población, se reunieron los intelectuales y políticos de la Junta Suprema Central para tomar las riendas del país, liquidar el antiguo régimen y abrir las puertas a una nueva organización del Estado.

Esto sucedió el 19 de marzo de 1812, cuando el Corte Inglés no había ordenado todavía la celebración de la jornada paterna y los “pepes” ya celebraban su santo, recordando al santo varón que aceptó complacido el embarazo de su mujer por obra y gracia de una espiritual paloma, sin decir palabra ni hacer caso a las murmuraciones de los vecinos.

En la “tacita de plata” agujereada por los disparos y perforada por bayonetas caladas, se reunieron los padres de la patria para dar a luz la primera Constitución española, – muy progresista ella para la época -, que basaba su doctrina en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, como el heredero del abyecto “Indeseado” nos recordó en Nochebuena.

Carta Magna que consagraba derechos fundamentales como la libertad, la educación y la propiedad, al tiempo que separaba los poderes del Estado, proclamaba el sufragio universal masculino, establecía la monarquía constitucional y acababa con los señoríos.

Pero en los diez grandes Títulos de la Pepa no se reconocían derechos a las mujeres, se consagraba la confesionalidad católica del Estado, se prohibía cualquier otra religión y, lo que es más importante, el rey era rey “por la gracia de Dios”, un Dios muy gracioso y simpático que dos años después sentó en el trono al felonazo de Fernando VII, que se llevó por delante la pobre Pepa de una patada, para mantener el poder absoluto que la Constitución le negaba.