NO ES FÁCIL COMPRENDER

Suceden en nuestra sociedad algunos hechos difíciles de comprender por mentes sanas y espíritus descontaminados de ciudadanos moralmente saludables y políticamente independientes, incapaces de entender algunas piruetas sociales realizadas por mandamases que gobiernan instituciones, empresas y entidades de diversa índole, con acciones ajenas al sentido común de los mortales, a la lógica mental y al pensamiento colectivo, por mucho que los responsables de los esperpentos traten de justificarlas con demagógicas palabras, rechazadas por su propia inteligencia, aunque se cubran el rostro con una careta para ocultar su sonrisa.

Tal es el caso de algunos magistrados –no de todos ni de la Justicia- que llevan algún tiempo emulando a Valle Inclán con sus comportamientos, actitudes y sentencias, como ha sucedido con ciertos togados del Tribunal Supremo, porque no es fácil comprender lo que allí ha sucedido sin sospechar una segunda verdad que solo saben los protagonistas del grotesco espectáculo que han ofrecido, censurado por todos, incluso por los propios protagonistas del hecho, que han obligado a su presidente a pedir públicamente perdón por deformar la realidad con sus estrafalarios comportamientos.

Tampoco es fácil comprender que el presidente de dicho tribunal dijera que en España solo van a la cárcel los robagallinas, y nadie haya movido ficha.

No es fácil comprender que dicho presidente del Tribunal Supremo confunda la Ley Hipotecaria con el Real Decreto 1/1993, de 24 de septiembre que regula el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, para justificar lo injustificable.

No es fácil comprender que las “reglas del Estado de Derecho” invocadas por el presidente no sean comprendidas por los ciudadanos, ni por la opinión pública, el Gobierno, asociaciones judiciales y el panadero Casildo.

Tampoco es fácil de comprender que los miembros del alto Tribunal no estén obligados a declarar sus bienes e inversiones, para que los contribuyentes que pagamos su sueldo estemos más tranquilos viendo que no tienen personales negocios bancarios que defender.

Al presidente del máximo órgano constitucional del poder judicial no debe bastarle con pedir perdón por su mala gestión, reconociendo los errores cometidos en el procedimiento seguido para resolver un asunto de importancia tan singular, cuya resolución ha causado gran alarma social y grave daño al más elevado tribunal de la justicia española.

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