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Día: 9 de septiembre de 2015

LEY MORDAZA

LEY MORDAZA

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En la huelga a la japonesa, los empleados trabajan más de lo normal para aumentar la producción, obligando a una bajada de precios por exceso de producto en el mercado y elevados costes de almacenaje. Esto es algo diferente a la huelga de celo, que consiste en el cumplimiento estricto y riguroso de las leyes hasta paralizar la actividad estatal y/o privada.

En ambos casos, la actitud de los trabajadores perjudica al Gobierno, bloquea la Administración o quebranta a la patronal, sin que los empleados sufran descuentos salariales, despidos legales, problemas laborales o detenciones policiales que acompañan inevitablemente a las huelgas convencionales.

Bien, pues dicho esto, propongo a los diputados y senadores que votaron en contra de la llamada Ley Mordaza, que se manifiesten contra ella frente al Congreso, para que sean todos identificados, detenidos y fichados por los mismos policías que tienen la obligación de protegerlos como representantes del pueblo, para avergonzar al patrocinador de semejante ley y provocar una protesta de todos los Gobiernos y Parlamentos democráticos del mundo.

Ley mordaza está condenada a desaparecer desde su nacimiento, y eso lo sabe su patrocinador. Moribunda Ley Fugaz que apenas durará unos meses en vigor parte de su articulado pensado – entre otras cosas – para eximir de responsabilidad a los pocos policías indeseables que hay en el cuerpo, pues la mayoría de ellos cumplen su misión con respeto a leyes internacionales que están por encima de normas de menor rango opuestas a ellas, impuestas en contra de la voluntad general en un Estado de Derecho.

El Consejo Editorial del prestigioso New York Times ha calificado la “Ley Mordaza” como norma “ominosa”, es decir, abominable. Y la ONU ha mostrado su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en España, hasta el punto de que un grupo de relatores ha pedido dar marcha atrás con la “Ley Mordaza” porque viola derechos y libertades fundamentales de los individuos, al socavar los derechos de manifestación y expresión en España.